La morosidad de las administraciones públicas es responsable de la desaparición de la mitad de las 450.000 empresas (el 13 % del tejido empresarial español) que han cesado en su actividad desde 2008. Son datos de la Confederación Española de Pymes, cuyo presidente, Jesús Terciado, ofreció ayer una conferencia en Valencia sobre el futuro y las estrategias de las pequeñas y medianas empresas, el auténtico pulmón de la economía española.
En su intervención, el presidente de Cepyme denunció que algunas administraciones locales y autonómicas están pagando con retrasos que alcanzan los 500 días. Y agregó que especialmente los proveedores del sector sanitario están en «serias dificultades» como consecuencia de esta morosidad.
A su juicio, la deuda de las administraciones está contribuyendo «simple y llanamente» a la desaparición de empresas y a la destrucción de empleo, por lo que exigió que se cumpla la Ley de Morosidad. «Los problemas de financiación y la morosidad son el mismo problema para las pymes, es decir, falta de liquidez que les impide sostener su actividad. La solución es que quien deba dinero que lo pague y que las entidades financieras cumplan con su obligación, que es prestar dinero a quien lo necesita».
«Se planteó -añadió- que fuese el ICO quien concediese créditos a las administraciones para que redujesen su morosidad, pero eso implicaría más déficit y el Estado no quiere. Fue una línea roja que marcó el ministerio de Economía con claridad».
Preguntado por el modelo de colaboración público-privada, Terciado consideró que «en muchos casos será la única forma de seguir invirtiendo. Sería posible si hubiese crédito suficiente», dijo, y apostilló que «la prestación de servicios básicos se podría complicar en un futuro» debido a la deuda y a la falta de financiación.
Como marco de toda esta problemática, el jefe de filas de Cepyme enfatizó que las comunidades autónomas han incrementado el gasto un 5,4% en el primer trimestre del año, de forma que su deuda duplica la de Administración General del Estado. Una situación que ya ha puesto de manifiesto la vicepresidenta Salgado y numerosos organismos internacionales.
Concursos de acreedores
La queja de Terciado coincidió con la difusión por parte del Consejo General del Poder Judicial de un informe según el cual los concursos de acreedores que inician los juzgados tras la quiebra de una empresa y los procesos judiciales por despido volvieron a aumentar en los tres primeros meses del año, a pesar de que el reflejo de la crisis económica en los tribunales ha ido diluyéndose de una forma paulatina.
Esta evidencia de que la crisis sigue viva se traduce en que se registraron 2.109 concursos -un 10,9% más-, rozando las cifras récord de 2009, y 30.444 procesos por despido, casi 9.000 más que en el último trimestre del pasado año. En cualquier caso, esta última cifra no es excesivamente preocupante a juicio de los expertos, ya que entre enero y marzo de 2010 el número fue notablemente mayor.
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