La falta de financiación es uno de los principales escollos que encuentran pymes y autónomos para no ver mermada su actividad. Otro es la morosidad o, lo que es lo mismo, las dificultades que encuentran para poder cobrar las facturas que han emitido por servicios prestados y productos vendidos.
España es el país de Europa en el que más se tarda en cobrar una factura. En el 55 por ciento de los casos este proceso se demora más allá de los dos meses, tal y como recoge el noveno Barómetro de Prácticas de pago en la Unión Europea elaborado por Crédito y Caución y la cátedra Cash Management del Instituto Empresa (IE). El siguiente país que más se acerca al escenario español es Italia, aunque a mucha distancia: sólo el 21 por ciento de las facturas se cobran pasados los 60 días.
Sin embargo, esta cuestión no se limita a una magnitud de plazos. Los problemas de impagos se han convertido en una espada de Damocles que amenaza con llevarse por delante a la mitad de las empresas. De hecho, el año pasado el 56 por ciento estuvo a punto de desaparecer a consecuencia de este escenario, según el primer estudio de la Gestión de Riesgo de Crédito en España. Sin embargo, al 25 por ciento de las empresas consultadas para el estudio no parece preocuparle esa situación al renunciar a aplicar criterios de solvencia en sus operaciones, mientras que sólo una cuarta parte tiene la gestión del riesgo profesionalizado, según explica el director general de Iberinform, Yon Munilla.
Las previsiones para este año no son demasiado halagüeñas. "Ya han desaparecido 200.000 autónomos y microempresas y 100.000 más pueden echar el cierre este año", denuncia Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), uno de los colectivos que se ha visto más afectado por la creciente morosidad.
El ayuntamiento moroso
Precisamente para poner coto a los impagos, el pasado verano se aprobó una nueva Ley de Morosidad, según la cual a partir de 2013 los plazos de pago entre empresas no deberán exceder de 60 días (30 en el caso de que el deudor sea una Administración Pública). Se estableció un calendario de plazos, según el cual este año el tope máximo es de 85 días para las compañías mercantiles y de 50 días para las administraciones locales, regionales o estatales.
Pero la realidad, según denuncia Amor, es que "no se están cumpliendo estos plazos". "Mientras en toda Europa se están ajustando los periodos de pago, aquí la administración los incumple en un 95 por ciento de los casos y tarda una media de 158 días en pagar", añade. Y cita datos que, desde su patronal, corroboran este hecho: "Uno de cada cuatro autónomos tarda más de un año en cobrar las facturas. ¡Hasta el propio Gobierno ha vetado una línea ICO para proveer de liquidez a las entidades locales y que puedan pagarlas!".
Este escenario es extensible a otros colectivos, como el de las microempresas -compañías con una plantilla de hasta 10 empleados y menos de 2 millones de euros de facturación anual-. "Hay que tomar alguna medida, porque esto no se puede sostener", indica el presidente de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas (Aemme), Víctor Delgado. No es para menos, teniendo en cuenta que el 67 por ciento de estas sociedades que echan el cierre aduce como causa la morosidad.
Un informe reciente elaborado por Informa D& pone de manifiesto una curiosa paradoja: las empresas más pequeñas son las que cumplen con mayor frecuencia los plazos pactados con los proveedores, en un 47,9 por ciento de los casos, muy por encima del 8,95 por ciento en el segmento de las grandes compañías. "Somos los más cumplidores a la hora de pagar, pero los que más dificultades tenemos cuando se trata de cobrar", lamenta Delgado.
Negocio internacional
El barómetro de Prácticas de Pago en la Unión Europea revela que las empresas españolas tienen un porcentaje de operaciones incobradas en España inferior al de media europea. Mientras que en Europa es del 8 por ciento, en nuestro país la tasa se recorta hasta el 5 por ciento para las operaciones que se cierran en el mercado doméstico. Mientras que en el mercado exterior esa tasa se recorta hasta el 1 por ciento, frente al 10 por ciento de la Unión Europea.
La directora comercial de Crédito y Caución, Marta Nodal, llama la atención sobre el porcentaje de operaciones que resultan incobradas en Italia y Gran Bretaña cuya tasa se eleva al 18 por ciento, cifras muy similares a las que se registran en el mercado doméstico.
Nodal también explica que aunque seis de cada nueve países paguen sus facturas antes de que se cumpla la fecha media de vencimiento, entre el 20 y el 35 por ciento de los recibos padecen retrasos. ¿La razón? La insuficiente disponibilidad de fondos.
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