La comunidad de internet se ha levantado en pie de guerra debido a una ley de propiedad intelectual prevista que obligaría a los motores de búsqueda y a los agregadores de noticias como Google News a pagar a las empresas de medios tradicionales por la publicación de fragmentos de su contenido on line.
Los grupos de medios de comunicación de Alemania, como la poderosa editorial Springer, editora de Bild y Die Welt, y Bertelsmann, se han quejado de que sitios como Google News están ganando dinero beneficiándose del trabajo de sus periodistas.
Dicen que, como los editores originales que son, deben ser compensados de alguna manera.
Ahora el Gobierno ha aceptado su causa. A principios de marzo, el Gobierno de coalición de Angela Merkel, anunció que iba a elaborar una nueva legislación para compensar a los editores.
En el pasado reciente, el Gobierno de Merkel había estado apoyado el statu quo de libertad de internet. Por ejemplo, se opuso al tratado ACTA, combatido por los defensores de la libertad de información por sus estrictas medidas en materia de los derechos de autor.
Pero esta vez, el Gobierno ha declarado que “las empresas comerciales de internet, tales como los motores de búsqueda y agregadores de noticias, deberían pagar en el futuro una cuota a los editores por la difusión de los productos de prensa (como los artículos de prensa.)
De este modo, los editores compartirían los beneficios que los servicios comerciales de internet han estado ganando con el- hasta ahora no remunerado- uso de los productos de los editores”.
Se ha encargado al Ministerio de Justicia que elabore un proyecto de ley, que ha sido bautizado como “Lex Google” que se presentará al Parlamento para su votación este verano.
La medida es bienvenida por la industria de la prensa.
“En la era digital, ese derecho es esencial para proteger los esfuerzos conjuntos de los periodistas y editores”, ha declarado la Federación de Periódicos Alemanes (BDZV), añadiendo que se trataba de una medida “esencial para el mantenimiento de una prensa independiente, financiada por los medios privados de comunicación”.
Sin embargo, esa no es la visión de muchos en la comunidad online, que argumentan que los editores de periódicos y revistas están exigiendo cuotas por un contenido que ellos mismos están ofreciendo gratis al público.
Además, argumentan, los periódicos se ven en realidad beneficiados por el hecho de aparecer en servicios como Google News, ya que la mayoría de su tráfico proviene de tales sitios.
“Los editores ya se benefician de los motores de búsqueda”, dice Mario Rehse, experto en derechos de autor de BITKOM, la asociación del sector de tecnologías de comunicación más grande de Alemania. “Están utilizando un servicio gratuito y quieren que les paguen por usarlo”.
Considera que la propuesta de ley es efectivamente una intervención del Gobierno para impulsar a las empresas de medios tradicionales.
“Un sector económico será subvencionado por la ley para que haya una redistribución de los ingresos económicos de la industria de internet entre los editores”, dice Rehse.
Las compañías de medios deben trabajar para hacer sus negocios rentables en lugar de buscar tasas de derechos de autor, argumenta. “Estos editores deben concentrarse en sus propias fortalezas y desarrollar sus propios modelos de negocio en lugar de tratar de sacar provecho del éxito de otras empresas”.
“La pregunta para los editores de periódicos debe ser cómo hacer que su producto sea tan atractivo como para que los lectores paguen dinero por él”, dice Philipp Otto de IGEL, un grupo que hace campaña contra la nueva ley.
“Y eso es algo que los editores no han logrado. Evidentemente, es posible ganar dinero con internet, pero hay una carencia de buenas ideas”.
Rehse advierte que la imposición de una tasa podría llevar simplemente a Google a retirar sus servicios fuera de Alemania.
Sin embargo, incluso si decide llegar a rascarse sus amplios bolsillos y pagar por los fragmentos de noticias, no es una opción factible para otros sitios más pequeños.
La coalición ya ha declarado que los usuarios particulares no tendrían que pagar ninguna cuota; sin embargo, la frontera entre lo público y lo privado en internet es cada vez más borrosa.
Después de todo, algunos blogueros podrían llegar a ser considerados como empresas comerciales si venden publicidad.
“Existe el peligro de años de inseguridad jurídica, algo que no es necesario cuando la ley de derechos de autor ya es suficientemente complicada”, advierte Otto de IGEL.
Dice que forzar a los blogs y a otros sitios a pagar por linkar a artículos de prensa on line podría tener otras consecuencias de gran alcance. “Hay una amenaza a la libertad de información, ya que eso podría limitar la libertad de expresión”.
Rehse está de acuerdo en que esto también es un peligro, dado que la protección de los enlaces y los fragmentos de forma efectiva podría significar que las empresas de noticias tengan en realidad la propiedad de la información.
“El que tenga la primera información podría tener el monopolio sobre la misma y luego pedir a todos los restantes medios de comunicación que paguen una tarifa por utilizarla”.
Una pequeña web comercial que podría verse afectada por los honorarios propuestos es Perlentaucher, un sitio web de información cultural que combina su propio contenido con enlaces a muchas otras publicaciones.
El co-fundador de Perlentaucher, Thierry Cherval, ha declarado a nuestra publicación que en su opinión la legislación propuesta se queda “a medias” y que es el resultado de un intenso lobbying de los grupos más poderosos de los medios de comunicación.
“El actual Gobierno ya había prometido introducir esta legislación durante la pasada campaña electoral, y ahora la próxima campaña se acerca y vuelven a reactivarlo de nuevo”, explica. “Los políticos no están realmente interesados en esta ley, pero tienen tanto miedo de la prensa de que están cediendo a la presión”.
“Creo que Google y sitios como Perlentaucher son de utilidad para los medios de comunicación; sin embargo, estos editores de periódicos y revistas están haciendo todo lo posible para consolidar sus posiciones y mantener las viejas estructuras de poder, incluso en la era digital”.
Cherval dice que está convencido de que la legislación será tumbada en el Tribunal Constitucional, el máximo tribunal de Alemania, sobre la base de que el derecho a la información es más importante que los intereses comerciales de los editores de periódicos.
Otto, de IGEL, espera que ni siquiera llegue tan lejos. “Creo que la oposición está creciendo día a día. Y al final serán los políticos del Parlamento alemán los que decidirán si esto se convierte en ley. Y las dudas allí también están creciendo”.
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