El contenido del anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y el Código de Buen Gobierno fue adelantado este jueves por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si bien ha sido su vicepresidenta, quien ha desgranado este viernes, tras el Consejo de Ministros, las líneas clave de esta norma. Para comenzar, ha alentado el "leit motiv" fundamental con el que ha nacido este proyecto, que pasará una fase de audiencia pública de quince días antes de retornar "remozada" por la población a Moncloa. Sáenz de Santamaría ha subrayado que se trata de una ley, al estilo de otros países europeos, que busca "laminar los compartimentos estancos" que aún existan en la Administración, "dar mayor competitividad institucional" y, sobre todo, dar un aldabonazo definitivo a "la credibilidad y confianza que los ciudadanos" tienen respecto a quienes les dirigen. Con todo ello y a la postre, reforzar la idea de que "España cumple y cumplirá" con los compromisos fijados, como el del déficit por parte de sus entidades locales, autonómicas y centrales.
Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado cómo a partir del próximo lunes los ciudadanos pueden realizar sus aportaciones a través de la web del Ministerio de Presidencia para mejorar el procedimiento de consulta y de cómo se ofrece a la población todo el abanico de datos que van a ser públicos a partir de ahora: las retribuciones de todos los cargos de las instituciones y sus directivos, la concesión de subvenciones, a quién se contrata, en qué partidas se gasta el dinero público, además de que se va a conocer la compatibilidad del cargo con actividades privadas y su respectivo desglose, etcétera.
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