la fiscalía de la sala civil del tribunal supremo ha exigido a la
dirección general de registros y del notariado a dirigirse a todos los
notarios y registradores para que devuelvan más de 400 millones de euros cobrados a clientes que cancelaron sus hipotecas
la fiscalía había suspendido las diligencias incoadas a instancias de la ocu mientras el tribunal supremo se pronunciaba sobre los recursos interpuestos por los colegios de notarios y registradores
una vez conocida la sentencia de 10 de octubre del alto tribunal, la fiscalía ha reabierto el caso. en su escrito, la fiscalía toma esta decisión “para cumplir lo dispuesto en el artículo 51.1 de la constitución española”, que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos
en septiembre del año pasado, un estudio de la ocu detectó cobros excesivos en las facturas analizadas para la cancelación de hipotecas. con estos datos, la organización de consumidores presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para que investigara la conducta irregular de notarios y registradores
para la ocu, con la decisión de la fiscalía los notarios y registradores ya no tienen excusa para demorar la devolución de “todos los importes indebidamente cobrados a cientos de miles de consumidores"
según datos de la asociación, solo de las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010, notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones de euros sólo en un año
la fiscalía había suspendido las diligencias incoadas a instancias de la ocu mientras el tribunal supremo se pronunciaba sobre los recursos interpuestos por los colegios de notarios y registradores
una vez conocida la sentencia de 10 de octubre del alto tribunal, la fiscalía ha reabierto el caso. en su escrito, la fiscalía toma esta decisión “para cumplir lo dispuesto en el artículo 51.1 de la constitución española”, que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos
en septiembre del año pasado, un estudio de la ocu detectó cobros excesivos en las facturas analizadas para la cancelación de hipotecas. con estos datos, la organización de consumidores presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo para que investigara la conducta irregular de notarios y registradores
para la ocu, con la decisión de la fiscalía los notarios y registradores ya no tienen excusa para demorar la devolución de “todos los importes indebidamente cobrados a cientos de miles de consumidores"
según datos de la asociación, solo de las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010, notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones de euros sólo en un año
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