Hace unos días, desde el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, a los ministros de Asuntos Exteriores, Trinidad Jimenez, y de Justicia, Francisco Caamaño, aseguraban barajar la posibilidad de presentar una demanda contra Alemania para reclamar los daños y perjuicios ocasionado por la denominada 'crisis del pepino', que ya se extiende a muchos más productos agrarios desde que se detectó el brote virulento de E.coli el pasado mes de mayo.
La irresponsable actuación de la senadora de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, acusando directamente (y de forma injusta como se ha comprobado poco después) como culpable al pepino español ha condenado al sector a numerosas pérdidas, que algunos cuantifican en 500 millones de euros y otros elevan hasta los mil y en consecuencia los agricultores reclaman indemnizaciones por los pedidos cancelados y por el descenso de precios y demanda ante la alarma por el brote infeccioso de la bacteria.
Desde el principio, el sector hortofrutícola español pidió indemnizaciones, pero, según han ido pasando los días y se han sucedido las reuniones con representantes del Gobierno, el objetivo de las reclamaciones a Alemania o en su caso a la ciudad -estado de Hamburgo, de donde salió la falsa alarma sobre los productos españoles-, ha virado hacia la Unión Europea y la vía diplomática, de donde se esperan conseguir más resultados y más rápidos y ya se ofrecen 210 millones de euros a falta de cerrar las negociaciones.
Falta de peso político
Este cambio de objetivo del Gobierno español unos lo atribuyen a la falta de peso político y de influencia en Europa y otros a algo así como la conveniencia de no morder la mano que te da de comer. Esto es, Alemania es el primer cliente de las frutas y hortalizas españolas. Tan sólo de pepino Andalucía exportó el pasado año 129.156 toneladas a Alemania.
Pero, sobre todo, parece que puede ser indispensable o, al menos, pertinente el apoyo alemán para conseguir un "cheque único" por los daños, es decir, un montante total que entregaría Bruselas y el Gobierno podría repartir a su criterio entre los productores afectados y no ciñéndose a la decisión de jueces. "Más vale tener a Alemania al lado que a Alemania enfrente", explica Fernando Marcén, presidente de Cooperativas Agroalimentarias y que ha participado en estas reuniones del gobierno y el sector.
La idea que se impone es que, con Alemania del lado español, la negociación política da más y mejores resultados. Así, la Comisión Europea con dinero de todos, también de España y de Alemania, indeminizaría y se evitan complicaciones jurídicas de incierto desenlace, sobre todo porque existe la duda de si demandar a Alemania o a Hamburgo y porque un pleito entre dos estados puede deparar la apertura de un frente político.
Lo cierto es que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ya ha dejado claro que, aunque está abierto el camino de las demandas particulares contra Alemania o contra Hamburgo, el MARM no pagará nada de los abogados a quienes reclamen indemnizaciones a título individual a Alemania.
La empresa Frunet va a los tribunales
Hasta el momento sólo la empresa Frunet, la que se vio directamente señalada por la senadora de Hamburgo, ha iniciado trámites jurídicos. Los abogados alemanes contratados por la empresa malagueña han presentado una demanda contra el Senado de Hambrugo ante un tribunal administrativo alemán, en la que exige la documentación relativa a la alerta anunciada por la senadora de Salud, Cornelia Prüfer-Storcks. En principio, calculan los daños en 15 millones de euros. Desde Frunet se piensa que "éste es un problema de Estado, por tanto el Gobierno tendría que estar preparando la demanda Estado contra Estado".
Pero también hay otra iniciativa en curso, la de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, que también ha contactado con un bufete alemán aunque en este caso se trabaja en una demanda encaminada a una reparación del "honor" de la hortofruticultura andaluza y en la que tal vez se personaría la Consejería de Agricultura andaluza.
"Buscamos una sentencia para que conste jurídicamente que se ha actuado mal y que muestros productos no han sido causantes del brote de E.coli", explica Andrés Góngora, responsable de Frutas y Hortalizas de la organización agraria Coag. Se busca la "absolución" jurídica, no sólo la mediática. Sin embargo, Góngora opina que, aunque la vía política para reclamar los daños puede ser acertada, "Al Gobierno le ha faltado ejercer una presión diplomática contundente".
No hay comentarios:
Publicar un comentario