La Guardia Civil está registrando la sede de la SGAE en el marco de una operación ordenada por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de desvío de fondos y apropiación indebida, según han confirmado desde el Instituto Armado a RTVE.es.
La investigación intentaría probar la creación de una estructura societaria paralela por parte de personas que, valiéndose de su posición dentro de la SGAE, desviaban a la misma fondos de la institución, que no tiene ánimo de lucro.
El juez titular del Juzgado Número Cinco de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que dirige la operación, ha ordenado también registros en domicilios y despachos de las personas que están siendo investigadas, entre ellas el presidente de la SGAE, Teddy Bautista, según informa Cristina Ónega. Estos registros se están llevando a cabo en inmuebles de Madrid, Segovia y Cádiz.
Ruz se encuentra en su despacho de la Audiencia Nacional y no ha ordenado por el momento ninguna detención aunque Arantxa Marculeta ha informado en TVE de que Teddy Bautista y otros dos miembros de la SGAE serán detenidos al finalizar el registro y, tras prestar declaración, se decidirá si pasan o no a disposición judicial.
RNE ha podido confirmar que Bautista se encuentra en el interior de la sede de la SGAE junto a tres de los cargos más importantes de la sociedad, el director general, el director financiero y el responsable informático.
Esta operación se ha abierto a raíz de una denuncia presentada en marzo de 2010 por parte de la Fiscalía Anticorrupción ante el Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional, del que en aquel momento era titular Baltasar Garzón, que incoó diligencias previas.
Este jueves, la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó al juez Pablo Ruz que autorizara el registro de la sede de la SGAE, el bloqueo y embargo de varias cuentas bancarias así como la detención de varias personas para tomarles declaración.
Según ha asegurado a TVE
el abogado de los denunciantes, Josep Jové
, "a través de un mecanismo societario los directivos técnicos de la SGAE
se pueden haber apropiado indebidamente de un cantidad que podría oscilar sobre los 400 millones de euros".
El caso es responsabilidad de la Audiencia Nacional debido a que afecta a una gran colectividad.
El Gobierno no ha querido pronunciarse acerca del registro y tan sólo ha indicado, a través de su vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, que "respeta, acata y cumple a través de la Guardia Civil" la operación de la Fiscalía Anticorrupción.
"No sabemos nada"
La sede de la SGAE permanece cerrada a cal y canto desde el inicio del registro y todos los trabajadores de la sociedad han sido desalojados. Tres vehículos de la Guardia Civil están situados en la confluencia de las calles Fernando VI y Pelayo y numerosos periodistas se han congregado a las puertas del Palacio de Longoria, donde se ubica la SGAE.
"No nos han dejado entrar y no sabemos nada", ha asegurado una trabajadora de la sociedad al abandonar el edificio.
El director comercial de la SGAE, Javier Trujillo, que se encontraba en las inmediaciones del Palacio de Longoria, ha señalado a los informadores que "los medios quieren erosionar la imagen de la SGAE, cuando en realidad hacemos lo que hace todo el mundo. En cuestión de derechos de autor, la SGAE es el hazmerreír de Europa".
El directivo también ha asegurado que la sociedad "tiene auditorías externas anuales con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) y siempre hemos salido limpios. El denunciante sabrá lo que ha denunciado",
A las puertas del edificio también se ha congregado un grupo de personas que han coreado lemas como "No hay pan para tanto chorizo", "Ladrones" o "Teddy, al final te llega tu sanmartín".
También los usuarios de Twitter han dedicado canciones cargadas de ironía al presidente de la SGAE poco después de conocerse el registro.
El registro se produce un día después de las elecciones celebradas el jueves, en las que la Candidatura Profesional de Autores y Compositores (CPAC) ha logrado el respaldo mayoritario de los socios.
Denuncia de los internautas
El origen del registro está en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que fue presentado hace unas semanas ante el Decanato de la Audiencia Nacional a a raíz de una denuncia interpuesta en noviembre de 2007 po la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).
La denuncia se basaba en la aparición en distintos medios de comunicación de varias "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE".
Los internautas denunciaban que los directivos de la SGAE habían creado una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas.
Según estas asociaciones, la entidad denunciada incumplía, de esta forma, "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley".
A su juicio, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la "malversación" de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones".
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