No es la primera vez que escribo sobre el lobby eléctrico, su tremendo poder y control sobre el Estado y sobre el sometimiento de la ciudadanía, indefensa, a sus desafueros. En distintas ocasiones he publicado diferentes textos acerca del enorme control que han ido adquiriendo estas empresas -muchas de ellas extranjeras e incluso de propiedad de otros Estados- sobre los partidos políticos y los gobiernos de turno, desde que fueran privatizadas en 1996 por José María Aznar, precursor de una política neoliberal que ahora nos asfixia. La imposición de los ciclos combinados, el ataque a las renovables y su lucha para reducir las primas a estas energías limpias (menos costosas que las que se pagan al gas o al carbón, por ejemplo), su larga batalla para frenar la democratización de la energía e impedir, entre otras, la generación cercana (que continúa frenada por el Gobierno español) no son sino unas cuantas muestras de su insaciabilidad.
No es la primera vez, por tanto, que comento las durísimas acusaciones que desde organizaciones de consumidores, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional de Competencia se han lanzado contra el oligopolio energético e, incluso, me he referido varias veces a las numerosas sanciones a las que han tenido que hacer frente por prácticas fraudulentas para enriquecerse ilícitamente a costa de los recibos de la luz o para forzar el aumento de las tarifas eléctricas de manera ficticia y fullera.
Pero al final todo queda en un mero desahogo, porque cada cierto tiempo las malas prácticas, el abuso a los consumidores, el ninguneo a los gobiernos y la claudicación de estos se reproducen vergonzosamente para timarnos a todos sin el menor recato. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos días con la subida forzada del recibo de la luz a varios millones de hogares españoles. Con la aquiescencia del Gobierno, claro está.
En apenas veinticuatro meses la factura de los clientes de las eléctricas españolas se ha elevado por encima de un 50%; la penúltima subida fue de un 10% en el mes de enero pasado. Pues bien, a pesar de las múltiples promesas del ministro Sebastián de que ya no habrían más aumentos en esta legislatura, lo cierto es que hace unos días nos hemos vuelto a encontrar con otro incremento de un 1,5% del precio de la luz, nada más y nada menos porque a los señores del trust energético se les antojó y, además, realizando todas las trampas del mundo.
El pasado día 13 de mayo, la CNC, fruto de una investigación puesta en marcha en 2009, imponía a las eléctricas que actúan en España la mayor multa que se les ha inferido hasta la fecha. Así Endesa (26 millones), Iberdrola (21,6 millones), Gas Natural Fenosa, E.ON España e Hidroeléctrica del Cantábrico tendrán que apoquinar entre todas un total de 61 millones de euros “por prácticas de cártel”. También en estos momentos Competencia investiga que entre 2004 y 2008 estas empresas han acudido al mercado de restricciones de manera normalizada cuando es un mecanismo que solo se puede utilizar en casos de emergencia (cuando se produce una limitación de la capacidad de la red de transporte de energía por accidentes, tormentas, etc) pues el precio retribuido es mucho más alto y así elevan torticeramente las tarifas produciéndoles miles de millones de euros de ganancias. Igualmente, el organismo de control de la competencia en España se propone comunicar a Bruselas y sancionar a las eléctricas por convertir en papel mojado y obstaculizar “con una estrategia de coordinación” el proceso de liberalización del suministro de energía a los clientes, a pesar de que el Tribunal supremo ha anulado recientemente el Real Decreto que otorgaba exclusividad, a través de la Tarifa de Último Recurso (TUR) a las cinco grandes eléctricas que operan en España.
También la CNE advertía, a principios de junio de este año, sobre “determinados comportamientos encaminados a elevar el precio del mercado de la electricidad” que consistiría en dejar de producir con renovables, en los días de la subasta que marca los precios, para insistir en las térmicas de gas y carbón, mucho más caras. Esta comisión reguladora ha iniciado un expediente sancionador al contemplar “con preocupación la evolución del coste de la electricidad, porque los precios en las horas valle se están nivelando con los de las horas punta, creando una señal distorsionada a la eficiencia de cara al consumidor”. Paradójicamente, algunas de estas empresas nos esquilman para llevarse el dinero de España porque son propiedad de estados extranjeros como Alemania (E.ON) o Italia (Endesa).
Pura estafa y nada más que estafa ante nuestros ojos con la complicidad de los que tienen que atajarla. Me refiero al Gobierno, a la oposición, al Parlamento… Y encima a estos jetas no se les ocurre otra cosa que afirmar hace unos días, por mediación de Eduardo Montes, el presidente de la patronal Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), que “no me atrevería a decir cuánto, pero estoy convencido de que el Gobierno deberá subir más los peajes de la electricidad para corregir el problema del déficit de tarifa”. También los italianos de Endesa han vuelto a insistir, con toda la cara del mundo, en que se debe subir un 20% más la parte regulada del recibo y, al tiempo, anuncian culminar antes de 2015 las bajas voluntarias incentivadas de 3.600 trabajadores –que pagaremos todos- para que su plantilla no tenga por esas fechas a nadie de más de 60 años.
Y claro, mientras tanto, asistimos impertérritos a la noticia de que el Ibex ganó la semana pasada un 7%; que 21 empresas (algunas eléctricas) del Ibex tiene filiales en paraísos fiscales; que el sueldo medio de los consejeros ejecutivos y principales directivos de estas empresas superó el millón de euros en 2010; que los emolumentos de sus grandes directivos han pasado de 40 a 400 veces el salario medio; que Endesa pagará 1077 millones de dividendo e Iberdrola repartirá 55 millones entre 350 directivos; que las 35 empresas más importantes del Ibex han ganado 49.881 millones de euros, un 24,5% más que el año anterior; que Endesa ganó en el último año 4.129 millones (un 20% más), Iberdrola 2.780 millones y Gas Natural Fenosa 1.201 millones.
Y entonces ¿por qué la señora ministra Salgado, en vez de poner –como se hace en otros países europeos- un impuesto especial a las eléctricas que ganan tanto nos vuelve a subir la electricidad en un 1,5%, el gas natural en un 5,7% y el butano en un 5,7% en contra de la opinión de otros ministros como Sebastián, Pajín, Gómez o Aguilar? ¿Tendrá que ver acaso que Pedro Solbes, Miguel Roca y José María Aznar son consejeros de Endesa- Enel, que Felipe González y Narcís Serra lo son a su vez de Gas Natural Fenosa, que Miguel Boyer lo es de Red Eléctrica, que Josep Borrell pertenece a Abengoa, que Josu Jon Imaz es presidente de Petronor, que el expresidente valenciano del PP José Luis Olivas es consejero de Iberdrola, o que Luis Carlos Croissier es consejero de Repsol, etc, etc…?
Claro que, para rematar la jugada, nos enteramos esta misma semana por el INE que el ahorro familiar se desplomó en el primer trimestre de este año colocándose en un 4,4% de su renta disponible, casi la mitad que en el mismo periodo del año pasado (8,1%) y que con respecto al cuarto trimestre de 2010, la tasa de ahorro de los hogares españoles se ha desplomado en quince puntos. Unos tanto y otros tan poco. Como ven, pura equidad e igualdad. La propia de un sistema democrático, como debe ser.
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