Miguel Ángel Ocaña Flores uno de los fundadores de la Asociación El Defensor del Paciente y ex cliente de Vodafone, compañía con la que contrató un servicio de permanencia en julio del 2010 por un tiempo determinado, falleció el 1 de febrero de 2011 sin que la permanencia terminara. Aunque sus padres informaron a la compañía del hecho, entregando el móvil y llevando el certificado de defunción, ahora la telefónica “amenaza” con llevar a los tribunales el caso si no paga la penalización de 169 euros.
Como comenta Carmen Flores, madre del fallecido:
“Están ejerciendo presión, por carta y vía telefónica, sobre los padres y por ello queremos hacer pública esta ilegal manera de actuar de una compañía que no solo no da el pésame sino que lo único que le preocupa es que no se haya cumplido la permanencia, algo complicado si el cliente se muere extremo. Vodafone debería tener en cuenta esto a la hora de realizar los contratos de permanencía. Miguel Ángel hacía un gasto medio de 200 euros ya que rea tetrapléjico y hablar con amigos era su único entretenimiento”.
Los mandatarios políticos deberían tomar buena nota del abuso de algunas compañías telefónicas incluso después de fallecido el cliente.
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