Hacienda contra las grandes fortunas

La investigación abierta contra la familia Botín por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental es sólo la punta del iceberg. Al menos, eso persiguen la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción con la investigación que se abrió hace un año por las cuentas secretas del HSBC.

Según fuentes próximas a estos organismos, su objetivo es conseguir abrir una gran causa contra las grandes fortunas que tenían cuentas secretas en Suiza, un megajuicio que sirva de ejercicio ejemplarizante en la lucha contra la evasión fiscal y que, además, llega en un momento especialmente sensible.

El descontento ciudadano, cuya máxima expresión es el movimiento 15-M, y la necesidad económica del país de combatir la economía sumergida y la evasión fiscal, para enderezar en lo posible las arcas públicas, pueden encontrar en este proceso todo un bálsamo para sus heridas.

En medio de esta situación, la filtración de las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional contra Emilio Botín, presidente de Santander; su hermano Jaime, primer accionista de Bankinter, y los cinco hijos que tiene cada uno, es todo un golpe de efecto. Además de un aviso a navegantes para el resto de titulares de cuentas secretas en Suiza.

"Ahora, deben estar temblando el resto de grandes fortunadas pilladas en la lista del HSBC", segura una fuente de Hacienda, quien recuerda que cerca de 300 fortunas, de los 659 descubiertas como titulares de cuentas secretas, acordaron el año pasado con la Agencia Tributaria regularizar su situación, mediante una declaración complementaria a las presentadas por los ejercicios 2005 a 2009, los años investigados por el fisco.

"Aquellos que rechazaron presentar una complementaria o han ingresado menos dinero del que Hacienda considera que les corresponde se verán ahora acusados de un delito contra la Hacienda Pública", señala la misma fuente.

Es decir, que parte de los 300 titulares de cuentas del HSBC que aceptaron devolver el dinero evadido pueden terminar sentados en el banquillo de los acusados. Y, de hecho, éste es el objetivo que persiguen la Agencia Truibutaria y Anticorrupción.

Y el ejemplo más claro es la familia Botín, que accedió a regularizar su situación después de que la Agencia Tributaria les exigiera, en junio del año pasado, que liquidara el IRPF y el Impuesto del Patrimonio sobre los fondos que le habían sido descubiertos en Suiza.

El ejemplo de los Botín

La saga cántabra pagó 200 millones, según ha señalado un portavoz de la familia, quien también asegurada que con este dinero los Botín están al corriente de todas sus obligaciones fiscales.

Sin embargo, la Audiencia Nacional desconfía de que hayan saldado todas sus cuentas y, por eso, ha abierto diligencias para evitar que el presunto delito prescribiera el próximo 30 de junio.

En el auto, el Servicio de Inspección de la Hacienda del Estado denuncia los obstáculos que pusieron Emilio Botín y sus hijos para esclarecer todo el patrimonio que tienen en Suiza.

En concreto señalan que las investigaciones "se están viendo ralentizadas desde el pasado mes de febrero, al no haberle sido factible la representación de los obligados tributarios la aportación de la documentación requerida". De ahí que ahora la Audiencia quiera aclarar las cuentas.

Respecto a la investigación sobre Jaime Botín y sus hijos, el auto destapa que "resulta imposible realizar alguna valoración sobre la corrección o no de las declaraciones complementarias", debido a la cantidad de información, la compleja estructura societaria y el hecho de que gran parte de los documentos estuvieran en inglés y francés.

No obstante, como dato que puede hacer sospechar al fisco sobre la necesidad de investigar más a fondo, el auto señala que Jaime Botín no presentó la declaración complementaria del IRPF correspondiente al ejercicio 2009 porque "el resultado es a devolver".

Un punto que, junto al de otras grandes fortunas, ahora la Audiencia quiere aclarar.