Mientras el Gobierno está a punto de retrasar la edad de jubilación, que ha entrado en su recta final con las enmiendas parciales, las empresas están multiplicando los retiros a partir de los 50 años. Con el agravante de que lo hacen, en casi todos los casos, con dinero público.
En concreto, está previsto, aprobado, y en muchos casos ya pactado con los sindicatos, que 20.400 personas dejen su puesto de trabajo vía prejubilaciones y bajas incentivadas.
Estas fórmulas, que tradicionalmente han contado con el respaldo de los representantes de los trabajadores por ser más generosas que los clásicos 45 días por año trabajado, suenan a aberración en el momento actual.
La reforma de las pensiones va a retrasar hasta los 67 años la edad de retiro, va a exigir tener cotizados 37 años para disponer del 100% de la pensión y va a elevar los años de cálculo de la pensión.
Pero, mientras la mayoría de los españoles hace cuentas sobre cuánto tiempo va a tener que trabajar para poder jubilarse con una pensión digna, el Estado se enfrenta a la que probablemente sea la mayor ola de prejubilaciones de España.
Trece cajas, un banco y la todopoderosa Telefónica tienen en marcha EREs que dejarán fuera del mercado de trabajo a 20.400 trabajadores (ver cuadro a final del texto).
El escándalo es todavía mayor cuando se recuerda que las cajas de ahorros van a financiar estos onerosos planes, con el dinero que han pedido al Estado a través de préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
En concreto, las cajas pueden terminar destinando unos 3.600 millones de dinero público en financiar los retiros tempranos de parte de sus plantillas. En cambio, Telefónica va a tener que hacer frente con sus propios recursos.
Dentro de las enmiendas presentadas a la reforma de las pensiones, el PSOE ha incluido una que obliga a las grandes empresas con beneficios a tener que indemnizar al país por estos planes de ajuste.
La forma en que la operadora resarcirá al Estado será haciendo frente a los dos años de paro que incluyen este tipo de planes. Sin embargo, en el resto de casos, serán las arcas públicas las que financiarán el desempleo, que sirve como complemento a los retiros dorados y anticipados que se están llevando a cabo.
Retiros de oro con dinero público
Un informe del Ministerio de Trabajo calcula que cada prejubilado de las cajas de ahorros costará al Estado unos 53.688 euros en prestaciones de desempleo, lo que implica un gasto global de 700 millones entre 2010 y 2014.
Esta cifra es sólo una parte de los entre 200.000 y 400.000 euros que, según el acuerdo que está sellando cada entidad, costará la baja de cada trabajador de estas entidades y que se financiará con el dinero soliticado al FROB.
Bankia, el banco surgido del matrimonio de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades, presenta la factura más cara, ya que los 3.800 ajustes exigirán un desembolso de 390.000 euros por persona.
CAM, la última caja en anunciar una medida de este tipo, al menos por el momento, ya ha provisionado 200 millones para hacer frente al ajuste de 970 empleos, lo que arroja un coste de algo más de 200.000 euros por empleado.
La oleada de prejubilaciones en este sector es tal que incluso la patronal de las cajas, la CECA, ha acordado recortar 155 puestos de trabajo por esta vía, que envía a la jubilación a profesionales de 50 años... mientras el Gobierno nos pide trabajar hasta los 70.
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