El Gobierno, a través del Grupo Socialista, ha presentado una treintena de enmiendas al proyecto de ley de reforma de las pensiones, en las que aprovecha para corregir su propuesta de que las grandes empresas con beneficios que prejubilen compensen al Estado precisando que esta reforma se aplicará a partir del pasado 27 de abril, ya que considera "prioritaria" esta modificación legal.
De esta forma, el Gobierno se garantiza que la modificación afectará al caso de Telefónica, pese a que la compañía que preside César Alierta se ha comprometido a asumir los costes del proceso que quiere aplicar a 6.500 empleados de su plantilla en España.
No obstante, todavía no se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos, motivo por el que el Ministerio de Trabajo ha solicitado a Telefónica nueva documentación sobre el expediente, lo que de hecho permite ampliar el plazo para la negociación.
Sin embargo, en el PSOE existía el temor de que la anterior enmienda, presentado al proyecto de reforma de las políticas activas de empleo no pudiera entrar en vigor antes de que Trabajo tuviera que posicionarse sobre el ERE de la operadora. Por ello, la fecha elegida es precisamente el día siguiente a que se registrara la primera propuesta.
El nuevo texto socialista mantiene que las empresas que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, realicen expedientes de regulación de empleo (ERE) que afecten a trabajadores mayores de 50 años deberán efectuar una "aportación económica" al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.
Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
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