La Audiencia de Zaragoza juzgará el próximo 5 de julio a Wifredo M. G., ex trabajador de una empresa de seguros para el que la Fiscalía pide dos años de prisión como presunto autor de un delito de apropiación indebida. Según el escrito de acusación, un error de la gestoría a la hora de confeccionar su nómina hizo que el empleado cobrara 75.527 euros de más. Cuando se dieron cuenta de su equivocación, citaron al empleado para pedirle que devolviera el dinero. Sin embargo, para su sorpresa, este les dijo que no tenía esa cantidad porque se la había gastado en «putas y en alcohol».
El acusado y la aseguradora pactaron en 2005 una retribución anual que se actualizaría con el IPC. Y fue precisamente al revisar esa cantidad en 2006 cuando la gestoría cometió el error. En lugar de los 2.714 euros que le correspondían, el trabajador cobró ese año 25.714, al 'colarse' un 5 entre los millares y las centenas de millar.
El error se arrastró durante los tres años posteriores, lo que permitió al acusado embolsarse 75.527 euros de más. Sin embargo, el responsable de personal de la gestoría no fue consciente de tan grave equivocación hasta marzo de 2009. A finales de ese mes, se comunicó por escrito lo ocurrido al empleado y se le emplazó para una reunión. Pero en dicho encuentro, el ahora acusado se negó a devolver el dinero.
Según la acusación particular, que ejerce el letrado José Ramón Gortazar en nombre de la compañía aseguradora, este no se conformó con decirles que no tenía intención de pagar. También les comunicó, y así lo hace constar esta parte en su escrito de acusación, en el que pide tres años y medio de cárcel, que si la empresa dejaba de pagarle su salario «se lo cobraría de los recibos de los asegurados».
Llegados a este punto, los responsables de la compañía aseguradora decidieron abrir un expediente disciplinario al trabajador, que terminó recibiendo un carta de despido el 22 de junio de 2009. El empleado presentó una demanda por despido improcedente, pero el Juzgado de lo Social número 7 de Zaragoza desestimo íntegramente su reclamación.
En aquella sentencia, el magistrado ya advertía de que la conducta del trabajador podía incurrir en un ilícito penal por apropiación indebida. Delito que ha terminado imputándole la Fiscalía y por el que será juzgado dentro de dos semanas.
La defensa, a cargo del letrado José Luis Melguizo, niega las acusaciones y solicita la libre absolución de su cliente.
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