El timo del modelo Alzira

Hierve Internet en las últimas semanas con el balance de los más de diez años pasados desde que la Generalitat valenciana decidió comenzar a experimentar con un nuevo modelo de gestión sanitaria pública-privada. El hospital de La Ribera lo construiría y gestionaría una empresa del ramo, Adeslas (aunque con el generoso apoyo inicial de nuestras cajas de ahorros del momento, siempre dispuestas a enterrar dinero para que otros lo ganaran con red de seguridad), para demostrarnos a todos que la gestión privada mejora con mucho la pública.

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La idea era sencilla. Tomemos el gasto sanitario público por habitante que se hace por parte de la Generalitat y, una vez tenemos esa cifra, encarguemos a la empresa que gestiona el hospital que atienda a la población de la zona por una cantidad per cápita menor. Y todos contentos. Los pacientes, que tienen un hospital que parece un centro privado para ricos, oiga. Los contribuyentes, que por el mismo servicio (o mejor) pagamos menos. La Administración, que se quita un problema de encima (esto de gestionar servicios públicos siempre es un marrón). Y los empresarios del sector, encantados también, pues encuentran una oportunidad de hacer negocio. Fantástico, ¿verdad?, por mucho que médicos y demás personal sanitario se quejen, ya que las mejoras en la eficiencia prestacional pasan inevitablemente por reducir su número y sueldo (pero, ¿acaso ser atendido por personal bien tratado es importante?).

Lamentablemente, la práctica demostró desde un primer momento que esta teoría casaba mal con la realidad. En primer lugar, porque el hospital de Alzira siempre ha tenido que hacer menos cosas que los de la red pública. En ese hospital nunca se han desarrollado tareas de investigación dignas de ese nombre y su implicación docente ha sido muy escasa. Ambas facetas cuestan dinero y repercuten muy positivamente en la sociedad. La red pública las hace, el modelo Alzira no. Es dudoso que se pueda alardear de mejor eficiencia cuando con menos coste no haces lo mismo sino menos.

Pero ni siquiera así la gestión privada logró ganar dinero. La concesión hubo de ser rescatada por la Administración y la Generalitat pagó varias decenas de millones de euros a la misma concesionaria a la que, a continuación, volvió a asignar la gestión del centro. Eso sí, con el dinero que se cobraba por habitante convenientemente incrementado. Y, de paso, asumiendo la propia Administración cada vez una mayor parte de los gastos, como los costes de transporte o farmacéuticos, por ejemplo. Con estos apaños, oficialmente, el gasto por habitante que supone ese hospital sigue aparentemente por debajo de la media de todo el territorio valenciano. En la práctica, sin embargo, estamos pagando más a la gestión privada de lo que costaría la atención sanitaria en esa comarca si el servicio lo prestara la Agència Valenciana de Salut. En cifras, el coste por habitante en la red pública es de poco más de 700 euros (de los que más de 200 corresponden solo al gasto en farmacia), mientras que a la empresa privada le pagamos unos 600 euros por habitante de su zona. La estafa es monumental. Un timo en toda regla que sólo requiere, para ser descubierto, de saber sumar y restar. Parece, sin embargo, que a nuestros actuales gestores se les ha olvidado la calculadora en casa y por eso siguen optando por extender más y más el modelo.